Es un mecanismo de consulta entre el Estado y los pueblos y nacionalidades que, junto con la prelegislativa sirve para alcanzar acuerdos sobre proyectos de ley o medidas legislativas, planes y/o programas de recursos no renovables que afectan ambiental o culturalmente que puedan afectar directamente sus derechos colectivos, su territorio, su cultura y/o su forma de vida.